La Provincia y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu firmaron un convenio de cooperación

Al explicar los alcances del acuerdo, el decano de la facultad, Javier Martínez, sostuvo que el convenio se enmarca en el vínculo que la Universidad mantiene con el Estado provincial.

«La cooperación es parte de esta estrecha relación, en la que acordamos colaborar y desarrollar algunas ideas que hemos tenido en conjunto. Es decir, las iniciativas ya fueron conversadas entre los equipos y tienen como eje principal el componente tecnológico», señaló el funcionario.

Martínez remarcó que «el propósito final es que los resultados lleguen a la sociedad. La idea es aportar en soluciones para toda la comunidad», afirmó.

Una agenda en común

Con la firma, ambas instituciones dan continuidad a la agenda que habían comenzado a delinear. Esa propuesta se apoya en la idea de sumar las iniciativas de la Facultad para dotar de rigor técnico, fundamentación científica y sostenibilidad a los cambios en las políticas públicas.

De este modo, el convenio refuerza la articulación entre el ámbito académico y la gestión de gobierno, con el objetivo de que las decisiones del Estado cuenten con respaldo técnico y puedan mantenerse en el tiempo.

Qué establece el convenio

El documento fija un marco de cooperación académica en materia de capacitación, actualización profesional, investigación aplicada, asistencia técnica y transferencia de conocimientos, vinculados con la economía, las finanzas públicas, la administración y la gestión pública.

Entre las actividades previstas figuran la realización conjunta de estudios, investigaciones e informes; la capacitación del personal del Estado provincial, docentes, estudiantes y graduados; la organización de jornadas, seminarios, conferencias y talleres; la asistencia técnica en materia económica, financiera, presupuestaria y tributaria; la promoción de prácticas profesionales y pasantías; el intercambio de experiencias entre profesionales, docentes e investigadores; y el desarrollo de herramientas que contribuyan a la modernización y mejora de los procesos de gestión pública.

Las acciones concretas se instrumentarán mediante programas de trabajo, actas de ejecución o protocolos técnicos, y cada institución designará responsables que coordinarán las actividades y darán seguimiento a los proyectos.