BS. AS.- La diputada nacional por Jujuy María Inés Zigarán, (UCR/PU) señaló que es urgente sancionar la extensión de la emergencia por discapacidad, que fue requerida en la sesión de la semana pasada y fue acompañada con el voto de 133 legisladores, pero rechazada por el oficialismo de la LLA y sus aliados.
La prórroga de la emergencia se encuentra en un proyecto de ley que lleva la firma de legisladores de todos los bloques parlamentarios, menos de la LLA. Se espera que el proyecto sea tratado en una sesión especial el 9 de septiembre, como fue ratificado por los miembros de la oposición que forman parte de la Comisión de Discapacidad que se reunió este martes.
“Como autoridad de la Comisión de Discapacidad del Congreso acompañé la iniciativa porque es un tema que no admite dilaciones” afirmó la legisladora y precisó que la Emergencia Nacional en Discapacidad incluye medidas para asegurar prestaciones, medicamentos, pensiones, apoyos y servicios esenciales para las personas con discapacidad.
“La protección de las personas con discapacidad y sus derechos debería ser parte de un consenso de todos los miembros del Congreso, más allá de las pertenencias políticas. Los derechos no tienen ideología y no pueden quedar sujetos a las circunstancias de una coyuntura política”, profundizó Zigarán.
La iniciativa propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad establecida por la Ley 27.793, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de este año, en un contexto en el que —según los fundamentos del proyecto— todavía persisten importantes dificultades para garantizar plenamente los derechos reconocidos por la legislación vigente.
La prórroga contempla mantener todos los efectos de la emergencia y garantizar la continuidad de las herramientas necesarias para su cumplimiento.
“El problema no está resuelto”
Zigarán remarcó que la necesidad de extender la emergencia no responde solamente al vencimiento de un plazo, sino a que la situación que dio origen a la emergencia todavía no ha sido superada. “El problema, en realidad, no está resuelto. La Ley 27.793 fue sancionada en 2025, pero su implementación atravesó un veto presidencial, el rechazo del veto por parte del Congreso, un intento de derogación, intervenciones judiciales y nuevos recursos ante la Justicia”, señaló.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la aplicación de la ley comenzó de manera parcial a comienzos de 2026 y bajo presión judicial. Para la diputada jujeña, dejar caer la emergencia en estas condiciones significaría retroceder en materia de derechos y protección social.
“Están en juego prestaciones, medicamentos, apoyos y servicios esenciales para las personas con discapacidad. No podemos mirar para otro lado mientras las familias y las instituciones siguen esperando respuestas”, sostuvo.
En este sentido, la legisladora señaló que distintas instituciones terapéuticas, educativas y de salud vienen alertando sobre las dificultades vinculadas a la falta de pago de Incluir Salud, con riesgo de cierre de instituciones y hogares que brindan atención a personas con discapacidad.
Una emergencia que no puede esperar
La urgencia del tratamiento está dada también por los tiempos legislativos. La Emergencia Nacional en Discapacidad vence el 31 de diciembre de 2026, mientras que el período de sesiones ordinarias del Congreso finaliza el 30 de noviembre.
Por eso, si la prórroga no es tratada antes de esa fecha, la continuidad de la emergencia quedaría nuevamente sujeta a una decisión del Poder Ejecutivo.
Para Zigarán, no se trata simplemente de extender una fecha, sino de garantizar que el Estado cumpla con las obligaciones que tiene frente a las personas con discapacidad.
“No estamos hablando solamente de una prórroga. Estamos hablando de derechos concretos: de acceder a una prestación, a un medicamento, a una pensión, a un apoyo o a un servicio que muchas personas necesitan para desarrollar su vida con dignidad”, afirmó.
La diputada sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de actuar antes de que la emergencia pierda vigencia. “Si la implementación de la ley todavía es parcial, dejar caer la emergencia sería dar un paso atrás. Y cuando hablamos de derechos, postergar también es una decisión”, concluyó Zigarán.