Finalizó la primera capacitación al personal policial sobre el Sistema Penal Juvenil

La propuesta tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de intervención del personal policial en las primeras instancias del circuito penal juvenil, brindando herramientas concretas para una actuación responsable, especializada y articulada, con especial atención al respeto y la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La jornada reunió a autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el Ministerio de Seguridad, la Policía de Jujuy y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura. La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, destacó el rol del personal de seguridad como primer actor ante situaciones de conflicto con la ley penal y remarcó la importancia de contar con herramientas específicas para intervenir adecuadamente.

En este sentido, Iriarte sostuvo que estas instancias de formación deben continuar y ampliarse, alcanzando tanto al personal que ingresa a la fuerza como a quienes desarrollan su carrera dentro de la institución. “Es fundamental proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes y, para esto, debemos capacitarnos”, afirmó.

Sostener la formación permanente y la articulación

Por su parte, el director de Dispositivos de Cuidado, Mario Vacaflor, resaltó la necesidad de sostener una formación permanente y profundizar la articulación entre los organismos que intervienen en el sistema penal juvenil. La miembro representante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Paulina Juárez, felicitó al personal y destacó que quienes intervienen en estas situaciones deben ser garantes de derechos y que para ello es sumamente importante la formación.

Asimismo, el jefe de la Policía de Jujuy, Comisario General Joaquín Carrillo, y el director provincial de Seguridad, Comisario General, Antonio Manuel Vargas, remarcaron la importancia de fortalecer la intervención policial desde una perspectiva que reconozca a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.

El cierre representa un avance en la preparación provincial ante la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y reafirma el compromiso de fortalecer políticas públicas con enfoque de derechos y articulación institucional.